Ingenio Avaluos. Valoración de intangibles, perjuicios y empresas

Importancia del Valuador En el ámbito de la estimación de perjuicios, el conocimiento del marco normativo cobra relevancia para los abogados litigantes. Por un lado, el artículo 206 del Código General del Proceso (CGP, L. 1564/12) establece las sanciones respecto de la imposibilidad de probar en determinadas proporciones los perjuicios estimados “razonadamente bajo juramento en la demanda”, y el artículo 227 prevé la obligación de la parte de aportar, en “la respectiva oportunidad para pedir pruebas”, el dictamen pericial del que pretenda valerse. Por el otro, y quizás desconocido para muchos, la profesionalización de la actividad de valuador, que tiene como base la Ley 1673 de julio del 2013, y cuya reglamentación concluyó con la obligatoriedad de la certificación de los valuadores y su categorización, entre otras, en la denominada “intangibles especiales”, que comprende conceptos como la determinación de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales. La interrelación de lo

Activos Intangibles Si existe una forma de materializar los intangibles asociados a la propiedad intelectual es, precisamente, reconociendo su valor. Para “darle forma” a este tema aparentemente tan incorpóreo, revisemos las respuestas al qué, cuándo y cómo se valoran. ¿Qué es un intangible? Iniciemos respondiendo ¿qué se valora cuando hablamos de activos “intangibles”? Para esto, es útil la definición dada por las normas contables, como el Decreto 2650 de 1993 relativo al plan único de cuentas para comerciantes, que define el Grupo 16 de intangibles como: “conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios…”. El concepto es importante, porque resalta algo que parece evidente, pero que cobra relevancia al momento de valorar: no todos

Perjuicios Extrapatrimoniales El Decreto 556 del 2014, por medio del cual se reglamenta la Ley 1673 del 2013 y, con ella, el ejercicio de la actividad del valuador, contempla entre las categorías de certificación de los valuadores la denominada “intangibles especiales” y dentro de esta el alcance de “daño emergente, lucro cesante, daño moral, (…) y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores”. Así surge, en virtud de este decreto reglamentario y para esa categoría, una facultad de valorar aquello que doctrinaria y jurisprudencialmente no tiene valor económico determinado y cuyo “quantum” se ha dejado al denominado “arbitrio judicium”: la valoración de los perjuicios extrapatrimoniales. Parece entonces, a primera vista, un contrasentido facultar a un valuador para determinar el “valor” de aquello que, como el dolor o la congoja inmerso en el perjuicio moral, no puede resarcirse económicamente; o in

Economia Naranja “No pagar un solo peso en impuesto de renta durante 7 años, por tener una empresa que promueva la creatividad, eso es Economía Naranja”, es el atractivo mensaje de la página web que el Gobierno implementó para la inscripción de proyectos que cumplan con lo estipulado en la llamada Ley de Economía Naranja. La Ley 1493 del 2018 y el Decreto 1669 del 2019 incorporan una serie de conceptos y requisitos para aplicar a ese importante beneficio. Actividades comerciales que se ajusten a determinados códigos CIIU, topes en ingresos, fecha de constitución, solicitud de inscripción, entre otros, son exigencias que están en el marco normativo. También hay exigencias que, en mi opinión,  llaman la atención, como el “formato de proyección de la inversión”. En él se advierte que hay que cumplir con un monto mínimo de inversión estimados en UVT (aproximadamente 150 millones de pesos) en un plazo máximo de tres años gravables. Esa inversión se debe realizar en tres aspe

Ética Profesional Cuando se busca obtener un dictamen de valor, es importante la consideración del profesional al que se acudirá para esta tarea; bien se trate de la valoración como un dictamen pericial o como fundamento para la toma de decisiones fuera del escenario judicial, la tarea está en elegir un profesional integral, con conocimientos técnicos especializados, certificado por el organismo competente y que cumpla con los requisitos normativos, de ser el caso. Con la entrada en vigor de la Ley 1673 de 2013 la actividad de los avaluadores en Colombia cobró una mayor relevancia, pues al regularse la actividad, se han impuesto mayores requisitos para ejercer e igualmente se han precisado restricciones en la materia. Recordemos que con la normativa actual se pretende la profesionalización de los valuadores, quienes para efectos del registro dentro de una de sus modalidades, deben certificarse en un programa académico reconocido por el Ministerio de Educación para desempeñarse